Tristemente, TRADENER sigue reportando muertos provocados por este modelo enérgetico. El 8 diciembre 2018 fue el activista y damnificado por la represa Acauã José Bernardo da Silva «Orlando» quien fue  brutalmente asesinado junto a Rodrigo Celestino en Brasil. Ambos eran también miembros del Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST-PB).

El 17 de diciembre asesinaban a otros dos activistas contra hidráulicas en Ixquisis (Guatemala), Neri Esteban Pedro y Domingo Esteban Pedro, en este caso la hidroeléctrica de Generadora San Mateo S.A., construida por la empresa Promoción y Desarrollos Hídricos S.A. (PDHSA).

Ese mismo día, 17 de diciembre, ocurría una masacre en la que eran asesinadas seis personas, entre ellos un menor, en una comunidad de Mapiripán (Meta, Colombia). Nadie reclamó las muertes, pero en esa zona está teniendo lugar una gran violencia como parte del proceso de acaparamiento ilegal de tierras por grandes compañías como Poligrow para desarrollar plantaciones de palma aceite.

El 9 de diciembre, en Guatemala, el maya chuj y presidente de la Microrregión de Yich K´isis, Lucas Jorge,  fue atacado frente a su casa. Jorge ha recibido innumerables amenazas por ser una de las autoridades comunitarias principales en la defensa del territorio de San Mateo Ixtatán contra tres hidroeléctricas de la empresa Energía y Renovación SA. Todo esto ocurre después de que la mpresa anunciara la firma de un supuesto acuerdo de paz y desarrollo para esa región, en el  que autoridades como Lucas Jorge se negaron a participar.

En Honduras la violencia continúa también, en este caso contra el pueblo indígena tolupán (Yoro): dos integrantes del Movimiento Amplio fueron atacados con disparos y piedras por taladores ilegales por su defensa del bosque de pino. Este pueblo también está siendo desplazado

En Honduras también, después de más de dos años, el 3 de diciembre se conoció la sentencia del juicio por el asesinato de la activista más mediática del momento, Berta Cáceres. Ekologistak Martxan denunció que a pesar de las siete condenas emitidas, considera que no se hizo justicia. La organización ecologista informó de que el juicio estuvo lleno de irregularidades que impedieron la identificación de la autoría intelectual del asesinato y de la estructura criminal que lo respaldó.

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