Fotos Ecuador Etxea / Tradener

TRADENER así como las organizaciones BBVAren aurkako Plataforma, CEAR euskadi, Emigrad@s sin Fronteras, Ekologistak Martxan, Mugarik Gabe, Mundubat, Paz con Dignidad, Emigrad@s sin Fronteras han acompañado a las representantes del Movimiento Ríos Vivos Antioquia de Colombia, Genaro Graciano y Milena Flórez, afectadas y activistas contra el proyecto de hidroeléctrica Hidroituango en su visita por Euskal Herria.

La hidroeléctrica Hidroituango está financiada por BBVA, Santander y otros bancos. En su visita a Bilbao, el BBVA se ha negado a recibir a las personas afectadas e integrantes del Movimiento Ríos Vivos venidos desde Colombia.

Además de una rueda de prensa, ayer 20 de noviembre ofrecieron una charla para informar de este caso y también ofrecieron testimonio en el Parlamento Vasco (ver vídeo)

En la rueda de prensa, las organizaciones vascas citadas presentaron las principales conclusiones de las misiones de verificación de los derechos humanos realizadas a Colombia durante el 2019 que incluyo la zona afectada por este macro-proyecto.

Hidroituango tiene en riesgo a miles de personas por su inestabilidad, por haberla construido en una zona geológicamente activa, por los errores en su diseño y estudios y por haberla acelerado al punto de no tener en cuenta la vida de las comunidades ni el medio ambiente. La empresa EPM decidió secar el segundo río más importante de Colombia, inundó el Bosque Seco Tropical y las fosas comunes y cuerpos enterrados en la ribera del río resultado de años de terrorismo contra estas poblaciones. Además, Hidroituango dejó sin medios de vida y de subsistencia a familias víctimas del conflicto armado y se niega a reconocer sus derechos.

TRADENER y el resto de organizaciónes involucradas en esta gira y en desenmascarar al BBVA como copartícipe de este desastre, aprovechamos también la ocasión para solidarizarnos con el Paro Nacional contra la política de Iván Duque que entre otras condena las medidas de ajuste estructural así como la violencia contra activistas y comunidades, y la constante violación del Acuerdo de Paz.

A continuación, compartmos las conclusiones de las tres misiones vascas que se han realizado a Colombia este año. Unas misiones internacionales que además de verificar la situación de los derechos humanos e incidir en las instituciones colombianas o europeas, también pretenden ser un mecanismo de protección de comunidades y líderes sociales.

Comparecencia en Parlamento Vasco

CONCLUSIONES de las misiones de verificación de los derechos humanos en Colombia – 2019

Introducción:
Josune Fernández – Mugarik Gabe

En los últimos meses la vulneración de derechos humanos han aumentado preocupantemente en Colombia. El crecimiento del paramilitarismo, la aparición de nuevos grupos armados, la intensificación de la actividad del ELN y la estrategia de militarización por parte del estado pone a las comunidades en una situación de máximo riesgo, provocando desplazamientos forzados y aislamiento de las comunidades. Una violencia que está asociada al control del territorio por parte de los actores armados para garantizar la explotación y extracción de la riqueza natural por parte de grandes empresas tanto nacionales como transnacionales.

Así lo han constatado las misiones que se han realizado durante el 2019, quienes han podido comprobar en los territorios la verificación de los datos de los informes de organismos nacionales e internacionales. De las 321 personas defensoras de derechos humanos asesinadas en el mundo en 2018, 110 fueron colombianas; frente a las 69 que se contabilizaron en 2015, un año antes de la firma del Acuerdo de Paz con las FARC-EP. Además, desde que Iván Duque llegó a la presidencia se han contabilizado más de 200 asesinatos de indígenas, campesinos y afros por toda Colombia, pero la situación es especialmente cruenta en el Norte del Departamento del Cauca.

Esta situación se agrava con la estigmatización, por parte de ciertos sectores de la Fuerza Pública, del campesinado que no se acoge a los programas de sustitución de cultivos ilícitos, ahondando la vulnerabilidad del campesinado y de la población indígena que denuncia tratos vejatorios, incursiones invasivas y destructivas de sus medios de existencia, ataques y presuntos nuevos casos de falsos positivos (civiles asesinados que son presentados como guerrilleros abatidos). Además, los líderes sociales están sufriendo una estrategia de criminalización y judicialización por parte de la Fiscalía General de la Nación que pretende encarcelarlos y debilitar el movimiento social.

La población ha denunciado reiteradamente esta situación de riesgo, pero no hay ningún tipo de avance en su protección. Existe una falta de acción por parte de las autoridades que agrava, por acción u omisión, la situación de riesgo para las organizaciones sociales reclamantes de condiciones de vida dignas para la población.

Por ello, a través de esta Rueda de Prensa quisiéramos mostrar nuestro más profundo RESPETO, APOYO Y SOLIDARIDAD con las personas defensoras de derechos humanos, sus colectivos y sus comunidades. Nuestro reconocimiento público a su papel como sujetas políticas transformadoras y a su legítima y esencial labor en la defensa de la vida digna y de la construcción de un país en paz con justicia social.

Conclusiones de la Misión «Programa Madrid Protege”
Mónica Alonso – Mundubat

En base a las reuniones mantenidas por !a misión de acompañamiento al retorno con las organizaciones de las personas defensoras acogidas y las entidades gubernamentales realizada del 19 al 27 de julio, el Programa Madrid Protege destaca los siguientes elementos como principales desencadenantes de la situación de vulnerabilidad qua enfrentan las personas y organizaciones participantes en la primera edición del Programa:

– La multiplicación de los focos de enfrentamiento armado derivado de la ausencia de la fuerza pública en los territorios anteriormente controlados por las FARC, lo que incrementa la vulnerabilidad de la población civil.
– El incumplimiento de los planes de sustitución de cultivos ilícitos y la falta de infraestructura necesaria para viabilidad de estos, junto con el incremento de la contra el campesinado que se acoge a los programas de sustitución puestos en marcha desincentiva la implantación de estos.
– Existe una queja común relacionada con el sistema de protección individualizada que el gobierno colombiano a través de la Unidad Nacional de Protección asigna a los y las líderes/as amenazados/as. Este tipo de medidas no cuentan con una perspectiva étnica, territorial y actualizada de las circunstancias que se viven en los territorios.
– La impunidad con la que se continúan cometiendo las vulneraciones de derechos contra los y las defensoras de derechos humanos. Igualmente, la ausencia de garantías suficientes para garantizar el ejercicio de la labor de liderazgo social y político. Preocupan de manera especial:

> que una de las personas defensoras de derechos humanos acogidas en el programa Madrid Protege haya sufrido un atentado con armas largas y granadas de fragmentación a escasos metros de varios retenes de la Policía Nacional.
> que los y las integrantes de AFAVIT, asociación que lucha por la justicia y reparación de la masacre de Trujillo, continúan sufriendo a día de hoy ataques, amenazas, persecuciones e incluso profanaciones de las tumbas de sus familiares víctimas
– La retirada de un cuarenta por ciento del presupuesto para el funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz y a la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad.

Conclusiones de la Misión Internacional de verificación DDHH al Sur de Bolívar y del César
Eneko Calle — Paz con Dignidad

Las principales conclusiones de la misión realizada al Sur de Bolívar y el César, y Catatumbo del 15 al 24 de septiembre del 2019, son:

– El conflicto social y armado sigue vigente en el Sur de Bolívar y Catatumbo. La no implementación de los Acuerdos de 1..a Habana, la ruptura de las negociaciones entre el Estado y el ELN, y la disputa por el territorio entre diversos actores armados, legales e ilegales, sitúan a quienes habitan en estos lugares en un nivel de riesgo altísimo.
– El estado no ha abordado a través de políticas públicas las causas estructurales que mantienen a la población sin la posibilidad de garantías de sus necesidades más básicas y ejercicio de sus derechos fundamentales.
– La actividad de actores armados ilegales ha servido de justificación para la militarización de los territorios visitados por esta misión. En este sentido, la institucionalidad no reconoce la reactivación del paramilitarismo como uno de los actores ilegales que están reconfigurando la disputa por el control del territorio y sus recursos económicos.
– El estado no reconoce la labor social de los líderes sociales e impulsa mecanismos legales para su desactivación e ¡legalización a través de una estrategia de persecución por parte de la Fiscalía General de la Nación.
– La impunidad de los casos pendientes deben ser investigados y resueltos en materia de ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzosas.
– El impacto de la militarización y el abandono del estado se hace aún más evidente en la vulneración de los derechos de las mujeres y niñas, con una especial preocupación al ejercicio de la violencia sexual hacia las mujeres en situaciones de mayor indefensión.
– La explotación del territorio por la actividad económica de multinacionales de la agroindustria, corporaciones extractivistas y compañías de hidrocarburos, está lejos de ir reduciéndose, más bien se está expandiendo, produciendo un gran impacto medioambiental y una gran afectación a las economías locales.

Conclusiones de la Misión del Programa Vaso de Protección
Leire Lasa — CEAR Euskadi

Las principales conclusiones de la Misión de Seguimiento a Colombia realizada por el programa vasco de protección para defensoras y defensores de derechos humanos, entre los días 14 y 19 de julio del 2019, han sido:

– Transcurridos más de dos años desde la firma de los Acuerdos de Paz entre el Gobierno colombiano y las FARC-EP constatamos los obstáculos para su implementación real, efectiva e integral, la INTENSIFICACIÓN DEL CONFLICTO, el agravamiento de la violencia y el incremento de las agresiones, amenazas y la crirninalización contra personas defensoras de derechos humanos y sus comunidades, especialmente pueblos indígenas, pueblo negro y sectores urbanos, quienes trabajan activa y visiblemente en defensa de la paz y del territorio.
– Nuestra preocupación y denuncia por la situación que se vive en los territorios donde intereses económicos se priorizan frente al cumplimiento de los derechos humanos y a la protección de las personas, y están siendo ocupados por actores armados que se disputan su control. Estos grupos violan sistemáticamente los derechos humanos de las mujeres, del pueblo negro, de los pueblos indígenas y de las comunidades campesinas. Es constatable cómo la violencia se utiliza como una herramienta para el DESPOJO TERRITORIAL, lo que permite, entre otras cosas, la entrada de la inversión empresarial a través de diferentes megaproyectos que pretenden explotar los bienes comunes (hidroeléctricas, minería, infraestructura, expansión portuaria, entre otros).
– Nuestra preocupación ante el alto grado de IMPUNIDAD frente a estas violencias. La ausencia de resultados en las investigaciones por estos hechos incentiva la repetición de los mismos y aumentan la violencia.
– En contraposición con el punto anterior, asistimos a un alarmante aumento de la PERSECUCIÓN JUDICIAL contra personas defensoras de derechos humanos. Constatamos cómo las detenciones masivas y arbitrarias y la apertura de procesos judiciales en su contra se convierten en una estrategia para desarticular los procesos de resistencia en los territorios frente al accionar de las empresas multinacionales, el pensamiento crítico y la oposición política.

Y a continuación, intervienen Milena María Florez y Genaro de Jesus Graciano, dos defensores colombianos de la organización Ríos Vivos que acompañan esta rueda de prensa. El Movimiento Ríos Vivos de Colombia es la confluencia de organizaciones de comunidades afectadas por la represa más grande que se construye en el país, Hidroituango, y que tiene en riesgo a miles de personas.

INTERVENCIONES DE MILENA Y GENARO — Ríos Vivos
DEMANDAS
Josune Fernández — Mugarik Gabe

Ante esta situación, las organizaciones vascas EXIGIMOS:

– El CESE de la violencia y la criminalización de las personas defensoras de derechos humanos, los pueblos indígenas, las comunidades campesinas, el pueblo negro, y las organizaciones y colectivos sociales y populares.
– La IMPLEMENTACIÓN real, efectiva e integral del Acuerdo de Paz entre el Gobierno colombiano y las FARC-EP. Esto tendrá una consecuencia directa en la reducción de la grave crisis humanitaria y de seguridad que se vive en los territorios, disminuyendo las amenazas y violencias contra las personas defensoras de derechos humanos y la impunidad histórica.
– El DESARROLLO, por parte de las instituciones colombianas, de mecanismos de prevención y protección colectiva mediante, entre otras estrategias:

>El reconocimiento público y puesta en valor del aporte de las personas defensoras de derechos humanos en la construcción de una paz integral con justicia social.
>La promoción de garantías políticas que garanticen el disfrute efectivo de los derechos humanos de las organizaciones sociales y comunidades, incluyendo el derecho a la vida y el derecho a la protesta social.

– Investigaciones rápidas e imparciales que permitan llegar hasta los responsables materiales, intelectuales y las estructuras responsables de las amenazas, atentados y asesinatos de personas defensoras de derechos humanos. Esto incluye la investigación detallada de la relación entre los intereses económicos de terceros y la restitución de tierras, y su convergencia con estructuras armadas ilegales y economías ilegales.
– La aplicación de los Tratados Internacionales de Derechos Humanos que son de obligado cumplimiento, entre ellos, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (01T) en relación con el derecho a las consultas comunitarias previas, libres e informadas de los pueblos que habitan territorios donde se instalan empresas cuya actividad atentan contra la vida y los títulos ancestrales de propiedad de la tierra, así como la legislación nacional en la materia (Constitución Política, Ley 70 de 1993).
– El cumplimiento de los acuerdos pactados históricamente con las comunidades étnicas y organizaciones sociales y populares del país, teniendo en cuenta que muchos de ellos dependen de voluntad política.